- Enrique Bustamante defiende la propuesta del grupo Teledetodos, que propone articular RTVE con los operadores públicos autonómicos.
- María Isabel Fernández: «Los centros territoriales de TVE y las televisiones autonómicas coexisten porque tienen objetivos distintos».
- Ramón Zallo sostiene que, para el cambio televisivo, puede haber «reforma lampedusiana, regeneración o refundación democrática».
- Javier Marzal destaca los esfuerzos del sector audiovisual y las universidades para recuperar Radiotelevisió Valenciana.
- Colum Kenny expone el modelo de TG4: emite un 60% en irlandés, una lengua que conocen 2 de cada 5 ciudadanos, pero que muy pocos usan.
SAMUEL NEGREDO | Pamplona-Iruña | Jueves 12 de noviembre de 2015
El primer panel académico del XXX Congreso Internacional de Comunicación se ha centrado en «La transformación externa de la televisión autonómica: propuestas y reflexiones para el futuro en la regulación, la redefinición de la misión de servicio público y la relación con el público». Han intervenido reputados investigadores audiovisuales de la UCM, la UPV-EHU, la UJI de Castellón, la UAB, y Dublin City University, con la moderación de Francisco Javier Pérez-Latre, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Los cinco académicos han analizado distintos modelos de televisión pública, y propuestas para regularlos y mejorar su funcionamiento, financiación y gobernanza.
Enrique Bustamante (Universidad Complutense de Madrid) ha defendido que el problema de la televisión pública no es solo tecnológico ni solo económico; también es social y político: «Es necesario trabajar sobre el conjunto del audiovisual». Se ha referido a las omisiones de control de la Comisión Europea sobre la concesión de licencias «digitales, a dedo, y renovables hasta la eternidad», y las restricciones impuestas, sin embargo, sobre la financiación de las televisiones públicas, y especialmente, sus servicios online. También ha abogado por la construcción de un mercado común audiovisual europeo real y por una política de apoyo a la innovación, y por una política fiscal favorable, y la creación de instancias independientes de estadística y control, desde las instituciones comunes europeas.
La propuesta del grupo Teledetodos es de «un servicio público fuerte, independiente, articulado (a escala estatal, autonómica y local), y multimedia», con base en la apertura a la sociedad civil y la transparencia sistemática: financiera y en la actuación. «Independencia completa frente a partidos y gobiernos; estabilidad y responsabilidad». Un gran pacto social «respaldado por un pacto europeo» y con la perspectiva básica de la «rentabilidad social». Este grupo propone articular las televisiones públicas autonómicas y la estatal con un organismo federal mejor gobernado, financiado y controlado por la sociedad.
María Isabel Fernández Alonso (Universidad Autónoma de Barcelona) ha explicado que «es muy difícil comprobar el cumplimiento de los compromisos de servicio público si ni siquiera están escritos». En cuanto al modelo de gobierno que propone Teledetodos, con participación de la sociedad civil, Fernández defiende que los profesionales que se consideren aptos puedan proponerse ellos mismos, y que sea inexcusable la mayoría cualificada para su elección. La coexistencia de los centros territoriales de TVE y de las televisiones autonómicas solo se explica porque persiguen objetivos distintos.
La investigadora ha propuesto que «un canal de Televisión Española que emitiera contenidos de las distintas televisiones autonómicas en todo el Estado tendría mucho interés», y debería ser plurilingüe, eliminando barreras mediante el subtitulado. «Soy partidaria de que la colaboración entre RTVE y autonómicas sea voluntaria, y los centros territoriales podrían actuar en segundo término». Contribuiría al conocimiento mutuo, ha defendido la investigadora de la UAB, y tendría utilidad para el sistema educativo.
Ramón Zallo (Universidad del País Vasco) ha hablado de las numerosas «concesiones legislativas» a las televisiones privadas y ha criticado que se haya permitido un «duopolio»; también ha alertado de que las élites locales no han sabido responder a los cambios articulando televisiones autonómicas fuertes. «Están siendo fagocitados los ámbitos autonómicos y locales por televisiones privadas, de puro entretenimiento». Las televisiones privadas son las que tienen contenidos informativos, culturales e infantiles.
El servicio público es la programación en su conjunto; no hay programas de servicio público o privado, sino tratamientos, ha asegurado Zallo, quien ha dicho que suscribiría la propuesta de Teledetodos, pero que está en radical desacuerdo con Bustamante y Fernández en cuanto a la articulación de RTVE y las autonómicas, porque se sugiere un modelo netamente centralista. La contrapropuesta sería un canal federal vinculado a la FORTA, en el que RTVE pudiera tener, como mucho, la condición de primus inter pares. Y también ha criticado el investigador de la UPV-EHU la propuesta de mandato marco de nueve años, debido a la rapidez de los cambios que afectan al audiovisual.
Ante el reto que afrontan las televisiones públicas en España hay tres posibilidades, según el investigador Ramón Zallo:
- Una «reforma lampedusiana», un ajuste que no conlleve cambios.
- Una «regeneración democrática», cambiar algo parar que funcione mejor.
- Una «refundación democrática», bien financiada, con control ciudadano y respuestas para la sociedad digital.
Zallo ha estudiado específicamente el caso de la televisión pública canaria, que supone una adaptación formal de la ley estatal, y con la que no se ha aprovechado para cuestionarse el modelo. Igualmente, ha sugerido que en el País Vasco se debe ir más allá de plantearse solamente una ley de EITB, y que es mejor actuar sobre el conjunto del sector.
Javier Marzal (Universitat Jaume I de Castelló) ha sostenido que el cierre de Radiotelevisió Valenciana «solo puede provocar sonrojo y vergüenza a cualquier demócrata». La clausura de emisiones de Nou «ha tenido un gran impacto en la sociedad valenciana y, especialmente, en el sector profesional». Con errores de inicio, replicando el modelo del operador estatal, fomentando falsos debates, y manipulando la información en casos como el accidente del Metro de Valencia, el seguimiento de los escándalos de la trama Gürtel, o la dimisión de Francisco Camps, según ha recordado el investigador de la UJI.
Pocas horas después de conocerse la sentencia que anulaba el ERE, el presidente de la Generalitat anunciaba el cierre de la televisión, la radio y sus plataformas multimedia. Se envió a los trabajadores a su casa, y siguieron cobrando sus sueldos normalmente hasta medio año después, ha explicado Marzal. El gobierno valenciano sigue sin conocer las cuentas; se ha gastado 250 millones de euros en la liquidación, cuando el presupuesto del último ejercicio era de 74 millones. Se paga un millón de euros por derechos de emisión adquiridos hasta 2020, hay un contrato de alquiler de la sede en Alicante hasta 2033…
«Desde el momento del cierre, a finales de noviembre de 2013, hasta la fecha, el sector audiovisual valenciano no ha dejado de trabajar por la recuperación de la televisión y la revitalización del sector. A las pocas semanas del cese de emisiones de RTVV -nos gusta decirlo así, porque no está cerrada-, las universidades valencianas organizaron un congreso de comunicación local y participan en plataformas e iniciativas. Fruto de decenas, cientos de reuniones y de infinidad de actividades para mantener vivo el recuerdo de lo que suponía Radiotelevisió Valenciana, se han ido generando documentos distintos».
Marzal ha destacado especialmente el documento de la Mesa Sectorial del Audiovisual Valenciano (MESAV), porque recoge el mayor número de firmantes. El 26 de octubre se aprobó en las Corts Valencianes una proposición que marca un plazo de seis meses para que haya una nueva ley de la futura radiotelevisión valenciana, y se está trabajando en una ley de la comunicación audiovisual valenciana que sustituya a la de 2006 y que contemple el conjunto del sistema comunicativo de este territorio.
La propia Generalitat Valenciana ya contempla, en su proyecto de presupuestos de 2016, una cuantía para continuar con el proceso de liquidación, pero también una partida importante, unos 29 millones de euros, para la puesta en marcha del nuevo servicio, de la que se va a dedicar una parte, de manera extrarordinaria, a la ayuda a la producción de series, documentales y otros programas.
«Se está intentando hacer las cosas de una manera bien distinta», ha asegurado Javier Marzal. El 7 de septiembre se convocó el foro social del audiovisual valenciano, que pretende ser una plataforma de encuentro de todos quienes están afectados por el hundimiento del sector. Se propuso que se constituyera una comisión de expertos de universidades valencianas que prepararan un documento que recogiera los argumentos para que exista una radiotelevisión de servicio público, y lo entregarán la próxima semana directamente a la Generalitat Valenciana.
Colum Kenny (Dublin City University) ha explicado la estructura de la televisión en Irlanda, el Éire. Hoy en día, dos de cada cinco personas mayores de 3 años sabe hablar irlandés, lo que incluye la población infantil, obligada a aprenderlo en la escuela, pero solo 2 de cada 80 personas lo habla a diario o alguna vez a la semana. Entre el 75% y el 90% de hogares irlandeses recibe la televisión británica (BBC, ITV, Channel 4, SKY…), que es muy buena y se emite en inglés.
Los principales canales en la República de Irlanda son RTE1, RTE2 y TV3. Aunque una proporción muy pequeña usa el irlandés como lengua prioritaria, gusta emplearlo de vez en cuando y consumir programas en este idioma. El canal TG4 emite un 60% de programación en Gaeilge, y recibe un 2% de la audiencia total, lo que le permite ocupar la octava posición. En 2014, recibió 32,24 millones de euros del Estado; una hora al día de programación producida por RTE, por valor de 6,5 millones de euros, y vendió 2 millones de euros de publicidad. Según ha explicado Colum Kenny, la señal de TG4 se recibe en toda la isla, incluida Irlanda del Norte, e invierte 20 millones de euros anuales en producción independiente original. Recibe aprobación y apoyo político incluso de gente que no la ve, ha indicado el investigador de la universidad de la capital irlandesa.